Los ayuntamientos tendrán poder para regular los alquileres abusivos

Una reciente propuesta no de ley llevada a cabo por varios partidos políticos propone permitir que los ayuntamientos, en coordinación con la pertinente administración autonómica, puedan intervenir en los precios del alquiler desorbitados.

¿De qué trata la propuesta no de ley?

Una proposición no de ley novedosa, que, a pesar de no ser vinculante por su naturaleza, promete revolucionar el mundo del alquiler.  Las Proposiciones no de Ley (PNL) plantean a los Gobiernos emprender una acción sobre un tema en el que debería tomar parte. En este caso, se insta al Gobierno a tomar medidas para parar la flagrante subida del alquiler que afecta a los ciudadanos españoles.

Este proyecto ha sido llevado al Congreso por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y finalmente pactado con el PSOE y PDeCAT. Esta iniciativa ha salido adelante con el respaldo de Esquerra Republicana, Compromís y Foro Asturias. Por contra, PP y Ciudadanos han rechazado la propuesta, mientras que PNV y UPN han optado por abstenerse.

Con objeto de parar la especulación en materia de alquiler urbanístico en las grandes ciudades, y establecer marcos los precio En Comú Podem llevará al Pleno del Congreso de los Diputados esta batería de medidas, que, aunque de carácter declarativo, supone la antesala de una propuesta de ley pionera para restringir de manera legal la especulación en un derecho fundamental del ciudadano. Una proposición no de ley, que ya fue aprobada el pasado junio en la Comisión de Fomento y que se debatió en el pleno.

”Pedimos al Ejecutivo de Mariano Rajoy que emprenda las medidas oportunas para posibilitar que los municipios que acrediten incrementos de precios de alquiler desmesurados, puedan intervenir para impedir alquileres abusivos”.

Escrito de la propuesta de En Comú Podem

Tal y como señala Lucía Martín, diputada de En Comú Podem y firmante de la iniciativa, estas medidas ya se aplican en otras ciudades europeas como Berlín, París y Múnich, y van encaminadas a frenar la subida de estos precios estableciendo “índices de precios en función de varios factores, como la ubicación, los servicios de la vivienda, las rentas medias de la zona, o el precio medio de alquiler”, señala la dirigente.

Control de Las SOCIMI

Además de un mayor control por parte de los municipios, esta propuesta sugiere también una inspección en las políticas de las SOCIMI. ¿Qué son estas entidades? Son Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.  Las SOCIMI son sociedades cuya actividad principal es la inversión, directa o indirecta, en activos inmobiliarios de naturaleza urbana para su alquiler. Unas entidades que pueden influir en el aumento del precio del alquiler, perjudicando a los ciudadanos. Es por ello que la propuesta reclama revisar la actividad de estas entidades y vincularlas a la promoción de vivienda de alquiler asequible, y así “garantizar el retorno social de este tipo de sociedades, preservando la función social de la vivienda”.

Parque público de alquiler

Otra de las medidas propone utilizar casas vacías de grandes terratenientes, tales como la SAREB y algunas entidades financieras. Esto se conseguiría incorporando estos inmuebles al stock público de viviendas.

Modificación de la LAU

Por otro lado, una de las reivindicaciones del escrito se basa en una propuesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que llevará al congreso el próximo 18 de octubre, donde se pide que se ajuste la normativa para evitar que los arrendatarios sean desahuciados de manera precaria.  Una situación al parecer injusta, creada tras la reforma de 2013.

Con ello, Unidos Podemos pide ahora al Gobierno, que contempla modificar la Ley estatal de Arrendamientos Urbanos para, entre otras cosas, ajustar la subida anual del precio del contrato a la subida del IPC y ampliar el límite legal para prorrogar tácitamente los contratos de tres a cinco años.

Ayuda para el alquiler y la construcción o rehabilitación de viviendas

Otra de las instituciones nombradas es el ICO ( Instituto de Crédito Oficial ) , a la cual se le pide que abra una línea de crédito para financiar la construcción o rehabilitación de viviendas para alquileres a precios asequibles. Una medida que promete un retorno positivo en la sociedad .Por otro lado,  el Congreso estudia un próximo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 ayudas al alquiler en función de la renta.

Así, la propuesta insta a que se incremente el presupuesto destinado al parque público del alquiler, y así ampliar el número de destinatarios de las ayudas, las cuales se centran más en los jóvenes. Los arrendatarios según esta línea de propuesta tendrían incentivos por poner sus viviendas a un precio asequible.

¿Qué opina de esta propuesta no de ley?

¿Cree que beneficiará al sector inmobiliario y a la ciudadanía por igual?


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