En este caso nos referimos a los daños ocasionados a propiedades, tanto públicas como privadas, a bienes particulares y públicos. En general, a daños provocados por las protestas o manifestaciones de la gente.
¿Quién paga los destrozos en Barcelona?
Ya han transcurrido varias semanas desde el 1-O, desde la sentencia del “procés”, y los daños suman y siguen en Catalunya. Daños a las propiedades públicas y privadas, a vehículos, contenedores y mobiliario urbano. ¿Quién pagará esta factura?
Según el balance provisional del Ayuntamiento de Barcelona, la cifra llega a 1,5 millones de euros los daños producidos en el mobiliario urbano, los contenedores y las señales de la ciudad, en tan sólo cuatro días de disturbios en la capital catalana.
Existen algunos seguros que pueden ayudar al ciudadano, como los seguros de autos, siempre y cuándo cubra daños provocados por protestas.
Si el coche tiene una póliza a todo riesgo, el seguro se hace cargo del siniestro, sin embargo, si lo que tiene contratado es una póliza de daños a terceros y no tiene una cobertura añadida específica para incendios, la compañía de seguros no pagará ningún desperfecto.
Existe una alternativa debido a las circunstancias especiales en que se produjeron los hechos. Este es el Consorcio de Compensación de Seguros.
Este Consorcio es un ente público, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa. Las aseguradoras destinan fondos de forma regular y cubre “riesgos extraordinarios”.
“¿Qué se considera “riesgo extraordinario”? Serían pérdidas generadas por catástrofes, tanto las naturales (terremotos, inundaciones ) como las causadas por el hombre (engloba hechos ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo y tumulto popular), siempre que ocurran en España o lo sufran personas residentes en nuestro país”.
El daño ha sido cuantioso para la ciudad y sin considerar aún el coste de rayados en edificios y casas.
“Las empresas extranjeras con negocios que sean dañados en Barcelona a cuenta del “procés”, pueden llevar a España a un arbitraje internacional para reclamar una indemnización”. Según el portal vozpopuli.com
“El Estado Español tiene la obligación de garantizar la plena protección y seguridad de las inversiones extranjeras protegidas por APPRIs [tratados de inversión] en los que España sea parte firmante”, explica a este diario el árbitro Bernardo M. Cremades Jr.“Ello incluye protección y seguridad frente a las protestas y revueltas violentas en Cataluña”. Según el mismo portal.
Está bien claro, si el Estado no protege la propiedad extranjera, será responsable de los daños ocasionados por protestas o manifestaciones, obviamente, previo a un peritaje minucioso y siempre que el incidente haya ocurrido en un “tumulto popular”.
Entendiéndose como tumulto popular: “toda actuación en grupo y con la finalidad de atentar contra la paz pública que produzca una alteración del orden, causando lesiones a las personas o daños a las propiedades, siempre que el hecho no tuviese carácter terrorista o fuese considerado motín”.
Después de una semana de incidentes en Catalunya, el coste de los daños materiales por las protestas asciende a un total de 2,5 millones de euros, siendo una cifra provisional, porque ya va más de un mes de protestas. Aún no se conoce la cifra total. Y esto corresponde sólo a los daños en elementos municipales y urbanos.
El Ayuntamiento de Barcelona prepara un informe que dará a conocer en los próximos días. Ya se estima la cifra en unos 2,7 millones de euros.
La destrucción de propiedad privada aún no ha sido cuantificada, pero se calcula en unos 2 millones de euros.
Destrozos en las fachadas de las casas y bares del sector de las protestas, incluido mobiliario. Además, al hacer un recuento final, se deberán considerar propiedades de patrimonio nacional si es que las hubiere.
Estos destrozos perjudicarán la plusvalía de las viviendas afectadas.
Fuentes utilizadas en este artículo:
https://elpais.com/politica/2019/10/21/actualidad/1571666252_108802.html
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